Por Ricardo Palomo Zurdo

Decano y Catedrático de la Universidad CEU San Pablo.

Escribo estas líneas en un momento en el que la palabra guerra ha dejado de sonar lejana. Durante años, Europa ha vivido con la convicción de que los grandes conflictos energéticos pertenecían al pasado, disfrutando durante años del llamado ‘dividendo de la paz’, al poder concentrar recursos en bienestar y política social mientras delegaba en gran medida su esfuerzo militar en Estados Unido.

Pero esa tranquilidad se ha quebrado en lo geopolítico y en lo geoeconómico: la guerra en Ucrania -iniciada en febrero de 2022- y la guerra de Irán -desde febrero de 2026- han devuelto de forma abrupta una evidencia que nunca desapareció del todo. El mundo sigue moviéndose con combustibles del siglo pasado, aunque aspire a ordenarse con tecnologías del siglo XXI y aunque se hayan hecho considerables progresos en energías renovables.

Parecía que aquellas crisis del petróleo de los años setenta hubieran quedado archivadas en los manuales de historia económica. Es cierto que la situación actual, comparada con las crisis del petróleo de 1973 y 1979, se produce en una economía europea más eficiente energéticamente, más diversificada en fuentes y mucho más electrificada y digitalizada; además, hoy existen renovables, regasificación, mercados integrados y mejores instrumentos de política económica. Sin embargo, persiste una similitud esencial: cuando la energía se encarece de forma abrupta, el efecto inflacionario acaba trasladándose al conjunto de la economía.  La gran diferencia es que ahora ese shock ya no afecta solo a la industria intensiva en petróleo, sino también a la economía de base digital, tan instalada en los países desarrollados: centros de datos, cadenas logísticas globales, semiconductores y sistemas de producción mucho más complejos y dependientes de elementos críticos. Es decir, el mundo de hoy es menos dependiente del petróleo que en los años setenta, pero es más vulnerable a la interdependencia energética y tecnológica.

La apariencia de modernidad —economía digital, inteligencia artificial, electrificación, transición ecológica— se quiebra en cuanto el Golfo Pérsico entra en combustión. En ese instante reaparecen los viejos fantasmas: el petróleo, el gas, las rutas marítimas, el mayor coste de los seguros y los fletes, los tiempos de tránsito y, por consiguiente, la inflación y la fragilidad de unas economías que parecían haber sustituido la dependencia física por la sofisticación tecnológica. La economía digital no ha abolido la geología.

Y lo más inquietante es que no hace falta un cierre total del ahora tan popular estrecho de Ormuz para desencadenar un shock económico, pues por él transita alrededor de una quinta parte del consumo mundial de petróleo y cerca del 20% del comercio mundial de gas natural licuado (GNL), sobre todo desde Qatar. Basta con elevar el riesgo, encarecer el seguro de navegación, alterar las expectativas de mercado y tensionar la logística para que el sistema entero se resienta. La geopolítica contemporánea funciona muchas veces así: no por bloqueo absoluto, sino por aumento del coste de la incertidumbre.

Reuters informaba a finales de abril de que el Brent había superado los 120 dólares por barril, en un contexto en el que la cotización cambia a diario con cada nueva señal de escalada o desescalada. Incluso en escenarios de desescalada del conflicto, la recuperación del suministro regional no sería inmediata, por los daños acumulados y por el tiempo necesario para restablecer rutas, almacenamiento y confianza comercial.

Cuando sube el crudo, no solo sube la gasolina. Suben el transporte, la aviación, la logística, los costes de producción y múltiples derivados de esta materia prima, como fertilizantes, productos petroquímicos, envases, gases industriales y múltiples elementos relacionados con la alimentación, el textil, la química, la farmacia o la electrónica.

La energía es el primer eslabón, pero el shock se propaga mucho más allá del surtidor y se convierte así en un shock inflacionario y, poco después, en un problema de crecimiento y de financiación. La contracción de la oferta de crudo y gas deteriora los márgenes empresariales y complica mucho la normalización monetaria. Esta es precisamente la razón por la que la guerra de Irán reabre el fantasma de la estanflación, es decir, de una combinación incómoda de precios altos y actividad económica débil.

Europa conoce bien esa vulnerabilidad. Tras la invasión de Ucrania aprendió que la dependencia energética no es una abstracción económica, sino una limitación política. La respuesta europea mejoró almacenamiento, compra conjunta de gas, diversificación de proveedores y reducción de la exposición directa a Rusia. Pero la nueva crisis demuestra que cambiar de proveedor no equivale automáticamente a conquistar soberanía energética. El problema de fondo no era solo Rusia; era la dependencia estructural del exterior y la insuficiente capacidad europea para absorber restricciones energéticas sin trasladarlas a precios, industria y bienestar.

Por eso, la guerra de Irán se inserta en un debate mayor: el de la autonomía estratégica europea. No se trata ya solo de descarbonizar, sino de hacerlo sin desindustrializar y sin sustituir unas dependencias por otras. Europa necesita energía limpia, pero también energía firme y sin interrupciones, redes, almacenamiento, interconexiones, protección de infraestructuras críticas y una política industrial coherente con sus ambiciones climáticas. La cuestión energética ha dejado de ser una política sectorial para convertirse en el corazón de la competitividad, de la seguridad económica y de la capacidad geopolítica del continente.

España aparece, dentro de este contexto, en una posición intermedia. Según CaixaBank Research, nuestra exposición directa al Golfo Pérsico es relativamente contenida en comparación con otros socios europeos: alrededor del 10% del petróleo importado procede de esa región y, en el caso del gas natural, el porcentaje es inferior al 2%. España cuenta, además, con una ventaja comparativa relevante: una elevada capacidad de regasificación, una mayor diversificación de suministradores y una conexión gasista estratégica con Argelia, especialmente a través del gasoducto Medgaz (que en su tramo marítimo discurre desde el puerto de Beni Saf en Argelia hasta Almería) y que mitiga parcialmente la dependencia de las rutas más expuestas del gas natural licuado.

Otro elemento favorable para la economía española es que, desde comienzos de siglo, la intensidad energética (cantidad de energía utilizada para producir una unidad de actividad económica, medida por el consumo de energía sobre el PIB) se ha reducido en torno a un tercio, lo que aporta cierta capacidad de amortiguación.

Pero sería un error confundir ventaja relativa con inmunidad. El principal punto débil de España sigue siendo la elevada dependencia energética exterior, actualmente, casi el 70% de nuestras necesidades energéticas continúan cubriéndose con importaciones.

Y hay un ángulo específicamente español que no conviene olvidar: el turismo. Nuestra economía no solo importa energía; también importa visitantes que dependen de esa energía para llegar. Si sube el queroseno, sube el coste del transporte aéreo. Y si esto ocurre, se resienten los flujos turísticos, la estancia media, el gasto por visitante y, en cadena, la hostelería, el comercio y el empleo vinculado al sector. En un país donde el turismo representa en torno al 13% del PIB, la geopolítica del petróleo deja de ser una cuestión lejana para convertirse en una variable doméstica.

La conclusión es clara: la transición energética no consiste solo en instalar más renovables o cerrar una determinada etapa tecnológica. Consiste, sobre todo, en reducir vulnerabilidades estratégicas. Y eso exige una política mucho más amplia: más redes, más almacenamiento, más interconexiones, más diversificación, más protección de infraestructuras críticas y una visión realista del papel que seguirán teniendo durante años el gas, los combustibles líquidos y las tecnologías de respaldo. La soberanía energética es una condición de la estabilidad económica y de la resiliencia social.

La guerra de Irán lo ha demostrado de nuevo. La energía sigue mandando. Y Europa, incluida España, no puede permitirse confundir transición con inmunidad.

*Ricardo Palomo es también director de Cátedra MOEVE y codirector de INTEDE

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