Por Loretto Vidal Marín
Experta en Dirección Corporativa y Políticas Públicas
El viernes 18 de octubre de 2019, los medios de comunicación reportaban episodios de violencia que se desarrollaban en Chile, lo que era difícil de asimilar. Personas incendiaban estaciones de metro, iglesias y recintos privados, desafiando el Estado de derecho. En ese momento trabajaba en el Ministerio de Defensa y tras las reuniones era evidente que esta situación continuaría y que perseguía un objetivo concreto.
Los días transcurrían, y tanto la tensión como la violencia alcanzaban niveles alarmantes. Finalmente, el estallido social se convertiría en el punto de inflexión, cargado de violencia que buscaba no solo eliminar la constitución chilena, sino generar una Asamblea Constituyente disgregando los poderes del Estado y vulnerando el Estado de derecho.
La constitución vigente, creada durante el régimen de Pinochet, en los años 80, establecía disposiciones destinadas a mantener los equilibrios, considerando los desafíos políticos que enfrentaba Chile en esa década. En 2005, en el Senado se produjeron transformaciones emblemáticas, a través de las reformas efectuadas a la Constitución.
A pesar de las diferencias de algunos sectores, se logró consensuar materias de implicación política, que fueron percibidas por las distintas bancadas como una oportunidad para Chile. Estas reformas estaban enfocadas en liberar aún más la democracia y dar un salto de fe hacia su consolidación.
Las reformas constitucionales de 2005 se distinguen significativamente de los procesos constituyentes nacidos del estallido social y vividos en Chile durante estos años, como las reformas que fortalecieron la democracia. A diferencia de lo que impulsaron los líderes del estallido cuyo objetivo era activar la necesidad de eliminar completamente la constitución de Chile e incluso refundar el país.
En un principio parte de la población se identificó, no con la violencia, sino con la posibilidad de generar una nueva constitución. El estallido social se convirtió de alguna manera, en una catarsis por parte de la sociedad chilena, que se sentía vulnerada ante los abusos de poder de algunas empresas y/u organismos encargados de velar por los derechos ciudadanos. Se le atribuía a la constitución vigente la limitación para ejercer plenamente esos derechos.
En la medida que avanzaron los procesos constituyentes, la ciudadanía percibía, los impactos adversos en la inversión, la inflación, la tasa de interés y el tipo de cambio. Además, surgió un malestar generalizado ante las posturas extremas, como las propuestas de refundar Chile o modificar los símbolos patrios. Algo impensable, teniendo en cuenta la cultura y las arraigadas tradiciones republicanas que enorgullecen a los chilenos.
También, la clase media comenzó a experimentar lo que realmente significaba vivir en un escenario de incertidumbre y cómo los procesos constituyentes, no significaban un mero romanticismo republicano, sino más bien, un retroceso en la estabilidad económica y los pilares fundamentales del país. Fue así, como los documentos emanados de los procesos constituyentes, no lograron convencer, persuadir, ni abordar las inquietudes ciudadanas. Por el contrario, se convirtieron en un ejercicio, que, de manera indirecta, revalidó nuevamente la constitución de 1980.
Manifestantes en revueltas
De forma inesperada se forjó la siguiente paradoja: los líderes del estallido social y su sector, quienes pertenecen al actual gobierno y han defendido el cambio radical de la constitución y la refundación del país, lideraron el comando en contra del texto de una nueva constitución en el plebiscito constitucional de diciembre de 2023.
El país ha aprendido que después de esta experiencia se han producido grandes deterioros de los logros que nos llevó décadas construir, como, por ejemplo, los buenos indicadores macroeconómicos y la estabilidad de los mercados, así como también, la credibilidad en las instituciones. Específicamente, hubo consecuencias en la inflación, la tasa de interés y el tipo de cambio, que afectó a la inversión y por consiguiente al empleo. De manera que se redujo drásticamente la inversión en infraestructura, alcanzando solo un 2% del PIB. Asimismo, la inversión en construcción y obras ha ido perdiendo peso en la inversión total.
Ahora Chile se debe recomponer, los desafíos radican en transmitir y demostrar a los inversionistas, que las reglas en el mercado son claras. El país debe alcanzar estabilidad, solo así se podrá fomentar la inversión y mejorarán los indicadores de empleo. Además, es urgente que el actual Gobierno establezca una agenda de seguridad efectiva que permita gestionar la crisis de inseguridad instalada llegando a acuerdos trasversales.
Finalmente, después de vivir los fallidos y costosos procesos constituyentes, Chile confirma de nuevo que el camino es a través de los consensos. A pesar de los disidentes, lograr acuerdos y realizar reformas constitucionales, como las de 2005, es la vía más efectiva para generar mejoras en la constitución chilena y fortalecer la democracia, evitando repetir los errores que llevaron a perder la estabilidad social y económica del país.
Estos últimos días el país ha estado consternado ante el fallecimiento de quien fuera dos veces presidente de Chile, Sebastián Piñera Echenique. El reconocimiento a su legado ha sido transversal, destacado no solo por las obras que realizó en ambos Gobiernos, sino que también, por ser un actor clave en la defensa de la democracia y libertad, eligiendo la institucionalidad y logrando generar puentes transformadores, tanto en el país, como en la centro derecha.
*Loretto Vidal Marín, ha sido jefa de Gabinete en el Senado y ha liderado a nivel nacional, la fiscalización y auditoría en instituciones de seguridad nacional. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector público y privado.
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