Por Diego López Garrido
Vicepresidente de la Fundación Alternativas
A España le ha tocado una V presidencia europea compleja, por muchas razones. Es una presidencia del Consejo de la Unión que culmina una legislatura bautizada como “geopolítica” por la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen. No imaginaba que el éxito del calificativo iba a nutrirse de dos crisis potentes y dolorosas. La pandemia de la Covid-19 y la invasión de Ucrania por la insensata decisión de Putin, armado de un sistema político autoritario.
El final de la legislatura europea (la futura presidencia belga será un epílogo corto) obliga al país que encabece el Consejo a rematar las tareas de todo un lustro. Para España será difícil porque los dosieres de este fin de 2023 tienen una altísima entidad política. A eso se le añade, en nuestro caso, el final también de una legislatura nacional llena de incertidumbres alimentadas por unos resultados electorales muy apretados, con fórmulas gubernamentales sostenidas en el alambre y en interpretaciones constitucionales difíciles.
Los desafíos europeos de este momento recaen en buena medida en la responsabilidad del gobierno español. Y son de gran enjundia. Por ejemplo, la ampliación de la Unión Europea a los Balcanes occidentales. Todos los países miembros de la UE están implicados en este objetivo, pero España ostenta una posición coordinadora y directiva en un proceso que ha resucitado después de la guerra de Ucrania. La candidatura de Kiev ha dado un impulso definitivo a un horizonte de adhesión de Macedonia del Norte, Montenegro, Serbia, Albania, Bosnia-Herzegovina y Kosovo.
No obstante, los obstáculos son evidentes. Obstáculos políticos como las actitudes rebeldes de Hungría y Polonia. Obstáculos económicos como una crisis financiera.
Quizá el método de ampliación más eficaz pueda ser la integración escalonada. Lo que parece claro es que hay que plantearse una reforma del procedimiento de votación en asuntos tan relevantes como la política exterior, la seguridad o la armonización fiscal. No es imaginable el voto por unanimidad, o sea, el veto, en una Unión a 33.
La presidencia española ha de observarse como una etapa de relanzamiento de una ampliación hasta hoy paralizada. Tendrá la ayuda de Alemania y Francia. Después de la invasión rusa, Emmanuel Macron dijo: “nos hace falta un gran momento de clarificación teórica y geopolítica de nuestra Unión Europea” (Bratislava). Es un cambio de postura en un país tradicionalmente hostil a las ampliaciones.
Hay que tener en cuenta, además, que los Balcanes son una región estratégica para nuevos actores como la China (ruta de la seda); Turquía (poder religioso); Emiratos Árabes Unidos (ver Le Monde, 17-18 de septiembre de 2023).
El segundo gran proyecto que, a mi juicio, sobrevuela la presidencia española es el pacto migratorio y de asilo. Un acuerdo anhelado por los países mediterráneos, que demandan solidaridad en el reparto de cargas. La presidencia sueca ha preparado el pacto con avances significativos, equilibrando la recepción de migrantes y solicitantes de asilo con ayudas económicas a los estados con mayores llegadas. España ha recibido de Suecia una buena fórmula y podríamos tener buenas noticias.
Sin embargo, el 19 de septiembre el Parlamento Europeo bloqueó la negociación del pacto migratorio que se expresa en dos reglamentos. La dificultad está en el reglamento de gestión de crisis, que está concebido para reaccionar ante “situaciones extraordinarias”, entre las cuales puede estar la acción de un tercer estado que use los migrantes para desestabilizar a países de la Unión Europea. Los reglamentos de detección e identificación de solicitantes de asilo parecen estar en situación más estable.
El Parlamento Europeo amenaza con frenar el procedimiento, en medio de un pacto de la UE con Túnez impulsado por la Comisión.
La tercera gran tarea que la presidencia española del Consejo de la Unión va a tener que desplegar es la de la reforma de las llamadas “reglas fiscales”. Es decir, los límites establecidos en los tratados para el déficit (2% PIB) y la deuda (60% PIB). Fueron liberalizados sabiamente como respuesta a las crisis de la segunda década del siglo XXI, pero van a volver al redil en 2024. Le corresponde a España a hacerlo en el ECOFIN próximo y no será fácil. Sigue existiendo la división entre los países del centro y norte del continente y los del sur, entre ellos España. Permanece una muralla entre acreedores y deudores, que se traslada con fuerza a la política económica y monetaria.
No parece que se vayan a modificar los tratados para variar las cifras señaladas, pero sí podrían establecerse políticas de flexibilidad para que cada país miembro pueda volver a la “ortodoxia” sin la rigidez que pudiera deducirse de una interpretación ya fuera de la realidad. Esta idea es difícil de implementar por el gobierno de la presidencia. Entre otras cosas porque no tendría la ayuda de política monetaria del BCE presidido por Lagarde, que ha endurecido los tipos de interés y con ello ha frenado el crecimiento económico.
La última labor de la presidencia española y, seguramente, la de mayor profundidad política, es lo que se ha denominado “autonomía estratégica abierta de Europa”. El Gobierno español la ha derivado a objetivo prioritario de la presidencia del Consejo de la Unión, que pretende sea debatido en la reunión de Jefes de Estado y de gobierno, de carácter informal, a celebrarse los días 5 y 6 de octubre en Granada.
Es un concepto de amplio alcance como forma de responder al cambio geopolítico, y por tanto geoestratégico, producido en nuestro siglo y protagonizado por EEUU y China, considerada esta última como “rival sistémico”.
En el plan de implementación en materia de seguridad y defensa de noviembre de 2016 se define la autonomía estratégica como “la capacidad de actuar y cooperar con socios internacionales y regionales siempre que sea posible, y al mismo tiempo operar de forma autónoma cuando y donde sea necesario”.
En su origen, la idea de autonomía estratégica se refería a la esfera de la seguridad y defensa. Se trataba de fortalecer la capacidad de la UE de dar una respuesta propia a crisis como la de Libia o Crimea. Y, por tanto, a la posibilidad de que la UE sea un actor global.
La extensión del concepto de autonomía estratégica a otros ámbitos (industrial o sanitario) tiene que ver con las carencias evidenciadas ante la Covid-19. Y, particularmente, ante las dificultades en las cadenas de suministro y los obstáculos para responder en el ámbito energético y tecnológico a las consecuencias de la guerra de Ucrania. Todo ello a causa de las dependencias asimétricas europeas en esos campos. Nos referimos a garantizar a la Unión, como actor global, un crecimiento sostenible e inclusivo.
E en ellos mismos y sus acólitos del partido que en el Estado y sobre todo en los ciudadanos a quienes tiene la obligación y del deber de servir.
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