Magazine CompoLider N15 CUMBRE OTAN MADRID: EXITO

PorTatiana Larrea Oña

18 días de movilización indígena, de paralización de actividades, de cierre de carreteras, con al menos 7 personas fallecidas (asesinadas), cuantiosas pérdidas económicas, daños a bienes públicos. Malestar generalizado. Diálogo entrampado. Crisis política profunda. Este es el panorama del Ecuador a mediados del 2022.

El origen de este momento crítico se remonta a siglos de historia de una nación aún en construcción (a su identidad me refiero). Un país pequeñito, plurinacional, multicolor, que no ha superado los traumas del coloniaje, tristemente evidenciados en pleno siglo 21 con expresiones clasistas y racistas, exclusión, desigualdad y pobreza.

Un país cuya población indígena ha sido ladeada y maltratada por siglos; hasta el día de hoy sigue siendo la más empobrecida y vulnerable. Esta misma población que desde los años 90 se organizó y pasó a tener una voz activa en la vida política del país.

No es la primera -ni será la última vez- que el movimiento indígena, organizado desde 1986 como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), se movilice para protestar o buscar alguna reivindicación de grupo.

Pero hay otro origen o causa más reciente para entender la conflictividad política que vive actualmente el Ecuador y tiene que ver con los bajos niveles de aceptación del presidente Lasso, la crisis de representación institucional, los encuadres comunicacionales, los “fantasmas” políticos, los problemas no resueltos y una ciudadanía descontenta, que ya tuvo un episodio de rabia en octubre de 2019.

Revisemos algunas cifras:

1.Encuesta nacional de opinión pública del Centro de Investigaciones y Estudios Especializados-CIEES. 1220 casos, validez estadística nacional, margen de error +/-3%, aplicación cara a cara en hogares, fecha de levantamiento 14 y 15 de mayo de 2022.

Esta es la fotografía de la opinión pública un mes antes del paro nacional. Difícilmente las cifras habrán mejorado. En fin, así, con ese ánimo recibió y vivió la ciudadanía ecuatoriana los 18 días de paralización.

El manejo de la crisis por parte del Gobierno Nacional merece un análisis particular. En resumen, el mal manejo del conflicto provocó que en estos 18 días un asunto pendiente se convirtiera en un problema, desatando una crisis que fue administrada como si se tratase de una guerra. Resultado: actores políticos desgastados, una sociedad aún más dividida, herida y sin soluciones concretas a sus problemas cotidianos.

Revisemos lo que sucedió…

En 2021 el flamante Gobierno de Guillermo Lasso tenía asuntos en agenda que debía atender, entre ellos, las demandas de la CONAIE derivadas de la protesta de 2019. Durante su primer año de gobierno se van sumando nuevas demandas ciudadanas, las mismas que al ser postergadas, derivan en un malestar generalizado. En este ambiente se anuncia una movilización indígena de dos días (13 y 14 de junio).

El Gobierno subestima el anuncio restándole importancia, sin embargo, el primer día de paro, el líder máximo de la CONAIE, Leonidas Iza, es detenido, provocando una crisis de mayor dimensión, pues la movilización de dos días se vuelve indefinida, masiva e incontrolable.

En lugar de administrar la crisis, el Gobierno, ya sea por desesperación o inexperiencia, convierte el conflicto en una suerte de guerra entre el Gobierno y sus fuerzas del orden y el movimiento indígena.

En medio del conflicto, utilizando el argumento de “grave crisis política y conmoción interna”, mencionado por dos ocasiones en los decretos de estado de excepción emitidos por el presidente Lasso durante el paro, la oposición encabezada por el movimiento político de Rafael Correa activa en la Asamblea Nacional la opción de destitución del Presidente de la República, evocando una herramienta constitucional de Muerte Cruzada . Esto implicaba, de ser aprobado, la salida inmediata del Presidente, la asunción del Vicepresidente y, en un plazo de siete días, la convocatoria del Consejo Nacional Electoral a elecciones presidenciales y de asambleístas. Después de cuatro días de tensión, la oposición no obtiene los votos para lo que el Gobierno asume como un intento de desestabilización. Más leña al fuego.

Y así, en este contexto conflictivo, transcurren 18 días de campañas y encuadres comunicacionales que, por un lado, llaman a la paz, pero por otro la vocería oficial emplea vocabulario bélico en sus intervenciones públicas; se incentivan, desde el oficialismo, contramarchas ciudadanas por la paz, pero en las que se hace gala de terminología racista; la CONAIE insistiendo en que sus movilizaciones son pacíficas, pero se evidencian focos de violencia y destrucción, se habla de “infiltrados”; llamados fallidos al diálogo con un Presidente ausente de las mesas de negociación; finalmente, al cansancio, se firma un acuerdo de negociación para los próximos 90 días. Los indígenas regresan a sus comunidades, los policías a sus cuarteles, pero el malestar ciudadano y la confrontación persisten.

Así, los primeros días de los 90 acordados se desarrollan en medio de acusaciones enmarcadas en un relato ya utilizado en 2019 por Lenin Moreno: la culpa es de alguien más. Y el “culpable” más rentable para un sector de la política ecuatoriana, desde 2017, es el expresidente Rafael Correa. En octubre de 2019, Lenin Moreno responsabilizó de las protestas a su antecesor argumentando que supuestamente formaba parte de una “conspiración internacional castro-chavista” que, decía, financiaba la revuelta con la finalidad de hacer un golpe de estado.

Ahora, en 2022 se acusa nuevamente a Rafael Correa de pretender hacer un golpe de estado, pero esta vez junto a los indígenas “financiados por el narcotráfico”. Acusación grave que no ha podido ser sustentada por el Gobierno y que, al contrario, entorpece cualquier intento de diálogo verdadero y sincero que conduzca a una solución definitiva al conflicto actual.

Ahora, tratemos de poner más elementos al análisis y un poco de contexto.

Esta crisis se produce a escasos meses de las elecciones seccionales en el Ecuador, a desarrollarse en febrero de 2023 para elegir nuevas autoridades locales (prefecturas, alcaldías y juntas parroquiales). No hay que descartar entonces, algún interés electoral en todo este conflicto por parte de las organizaciones políticas.

Por otro lado, si analizamos lo sucedido desde la óptica del presidente Guillermo Lasso y su Gobierno, quizás podríamos interpretar que su manejo del conflicto no les dejó un saldo tan negativo en términos político-electorales. Quizás no fueron una sucesión de errores, como han planteado algunos analistas; quizás las acciones respondieron a un plan, desesperado, pero plan al fin y al cabo.

Y ese plan podría haber tenido como objetivo recuperar una base de apoyo político-electoral que se venía mermando dramáticamente en tan solo un año de gobierno .

La campaña oficial de desprestigio a las movilizaciones y algunos actores políticos visibles, el discurso del orden público y la defensa del derecho a trabajar por sobre la legitimidad de los reclamos, reafirman a un segmento de la población de clase media y media-alta que se estaba alejando de su base de apoyo.

La mayor “rentabilidad” de esta estrategia se detecta en Quito y las principales ciudades de la Sierra Centro, donde el partido oficialista podría capitalizar electoralmente en el 2023.

Veamos cómo quedan los protagonistas de este episodio inacabado:

– El Gobierno: debilitado y cuestionado incluso por algunos de sus aliados, en una posición de ataque, tal vez esperando evitar de esa manera un nuevo levantamiento. Sin respuestas concretas a las demandas ciudadanas, no solo del movimiento indígena.

– Leonidas Iza: surge un nuevo líder carismático que responde a una nueva generación, estética y capa socio-económica diferente. Liderazgo que se desmarca de los extremos políticos de este país polarizado.

– La Conaie se posiciona como la organización que representa los intereses de la ciudadanía en general (mestiza y urbana), ya no solamente sus reivindicaciones de grupo, planteando 10 puntos que bien podrían convertirse en la base de una agenda nacional en el mediano plazo.

– Rafael Correa nuevamente ascendido a protagonista, sigue siendo la figura más importante, más mencionada, amada y odiada. El Gobierno en su relato lo vuelve a poner en el centro de atención a puertas de un proceso electoral.

En definitiva, el Ecuador, como toda Latinoamérica, sigue entrampado en el intento histórico de construcción de su identidad, en el dilema de reconocerse o no como indígena, “español” o criollo-mestizo. A esto se suma en la actualidad una profunda crisis institucional, un creciente malestar ciudadano que no ve respuestas a sus problemas cotidianos, una incapacidad generalizada de la clase política para sintonizar con la población y menos aún para llegar a acuerdos básicos de gobernabilidad y gobernanza.

En este escenario, lo más probable es que el “paro no pare” y que, en los próximos meses o semanas, se reedite y con mayor visceralidad, debido a la incapacidad de las partes de llevar adelante un verdadero Diálogo en el que prime el respeto, la confianza mínima y el interés de ceder para ganar en beneficio de todo el país.

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