Por Luis Rubén Maldonado
Observador internacional en las elecciones 2026
Las calles peruanas respiran una tensa calma política tras una de las jornadas electorales más fragmentadas de su historia reciente. Con el conteo de la primera vuelta prácticamente consolidado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el panorama ha quedado definido para el próximo domingo 7 de junio: una batalla voto a voto en la segunda vuelta entre la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez.
Sin embargo, más allá de las encuestas que hoy marcan un empate técnico de infarto, el verdadero murmullo en las plazas, paraderos y redes sociales no solo gira en torno a las promesas de campaña, sino al riguroso e inevitable esquema de multas y sanciones que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aplica con puño de hierro para combatir el ausentismo. En el Perú, el voto no es solo un derecho, es una obligación civil que, de ignorarse, golpea directamente al bolsillo.
El precio del silencio: ¿Cuánto cuesta no votar?
Para el ciudadano de a pie, la apatía democrática tiene tarifas muy claras establecidas por la ley electoral. Para este proceso, el JNE determinó un esquema de sanciones escalonadas que se dividen según el nivel socioeconómico del distrito que figura en el Documento Nacional de Identidad (DNI) del elector:
- Distritos clasificados como “No Pobres”: Aquellos que residan en zonas urbanas o de mayor desarrollo económico y decidan no acudir a las urnas deberán pagar una multa de 35 dólares.
- Distritos clasificados como “Pobres”: Quienes residen en sectores vulnerables, pero decidan omitir su sufragio recibirán una sanción económica de 15 dólares.
- Distritos de “Pobreza Extrema”: Incluso en las regiones con mayores carencias del país, la inasistencia se castiga, aunque con una tarifa reducida de 7 dólares.
El “doble castigo” para los miembros de mesa
Si para el elector común la sanción es un golpe leve, para quienes fueron seleccionados mediante sorteo como miembros de mesa (titulares o suplentes) y decidieron no cumplir con su deber cívico, la multa se convierte en una verdadera pesadilla financiera.
Quien falte a la instalación de su mesa de sufragio recibirá una multa directa de S/ 275.00 soles. Lo peor del caso es que las sanciones son acumulativas. Es decir, si un miembro de mesa en un distrito “no pobre” decide no asistir a su labor y, además, prefiere no votar, la deuda total con el Estado ascenderá a S/ 385.00 soles por una sola jornada electoral.
Ojo con el balotaje: Al tratarse de dos procesos independientes, si un ciudadano repite la inasistencia tanto en la primera vuelta del pasado 12 de abril como en la segunda vuelta del 7 de junio, las multas se duplican. En el peor escenario, un infractor recurrente podría terminar debiendo más de S/ 700.00 soles al fisco en cuestión de semanas.
Muerte civil: Las severas restricciones por no pagar
Mesa electoral Perú
El verdadero peligro de las multas electorales en Perú no radica únicamente en la acumulación de la deuda, sino en las duras penalidades que el Estado impone de inmediato a los deudores. No pagar estas multas condena al ciudadano a una especie de “muerte civil” que paraliza su vida cotidiana:
- Trámites notariales bloqueados: Imposibilidad de comprar, vender propiedades o firmar contratos de cualquier tipo.
- Restricciones de identificación: Impedimento para renovar o realizar gestiones con el DNI.
- Trabas bancarias: Dificultad para solicitar créditos, abrir cuentas o realizar operaciones financieras importantes.
- Viajes y pasaportes: Limitaciones para salir del país o renovar documentos de viaje.
- Prohibición en el sector público: Imposibilidad de ser nombrado funcionario o trabajar para el Estado.
¿Hay salida? El trámite de dispensa y justificación
La única vía de escape legal ante estas sanciones es realizar el trámite de dispensa o justificación ante el JNE, que se habilita de manera virtual a partir del día siguiente de las elecciones. Sin embargo, el órgano electoral es sumamente estricto; solo se exoneran las multas bajo causales plenamente justificadas y documentadas, tales como problemas de salud graves, viajes de salud de urgencia, desastres naturales o pérdida del DNI en los días previos al sufragio.
Mientras Keiko Fujimori y Roberto Sánchez queman sus últimos cartuchos recorriendo el territorio nacional en busca de un voto que defina el rumbo del país para los próximos cinco años, millones de peruanos ya preparan sus agendas para el 7 de junio. En este escenario de polarización extrema, la consigna en las calles es clara: salir a votar no es solo una decisión por el futuro del país, sino también una medida de supervivencia para el bolsillo propio.
*Luis Rubén Maldonado es consultor político mexicano con experiencia en comunicación legislativa y de gobierno en el Poder Judicial del Estado de Chihuahua, la Universidad Autónoma de Chihuahua y el Gobierno Municipal de Chihuahua.
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