Por Cristina H Montanari
Profesora de Relaciones Internacionales y europeos
Desde los inicios de la fundación de la andadura europea en 1952, la Unión Europea tiene por vocación el ser “solidaria”. Para ello cuenta, entre otros, con el llamado Fondo de Solidaridad de la Unión Europea que tiene por finalidad prestar ayuda financiera a un Estado miembro, a un país cuya adhesión esté en proceso de negociación o a una región en caso de catástrofe natural grave o en situación de emergencia grave de salud pública. El Artículo 175, párrafo tercero, y artículo 212, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) así lo estipulan.
El Fondo de Solidaridad es el principal instrumento de la Unión para apoyar la recuperación en las zonas y situaciones descritas y que pueden ser de distinta índole: inundaciones, incendios forestales, terremotos, tormentas o sequías. Desde 2020, el Fondo de Solidaridad también ha cubierto emergencias graves de salud pública, como la pandemia de COVID-19. Debido al aumento de la frecuencia y gravedad de los fenómenos meteorológicos extremos y de las catástrofes naturales relacionadas con el cambio climático, cada vez se reconoce más la importancia y la necesidad del Fondo de Solidaridad.
El Fondo de Solidaridad no es una herramienta para dar respuestas rápidas, para ello está la Reserva para Ayudas de Emergencia.
El Fondo de Solidaridad fue creado en 2002 para responder a las devastadoras inundaciones que afectaron a Europa central en el verano de ese año. Desde entonces, ha prestado apoyo en más de 130 ocasiones. Hasta la fecha, veinticuatro Estados miembros (más el Reino Unido) y tres países candidatos (Albania, Montenegro y Serbia) han recibido ayuda del Fondo de Solidaridad, y se han pagado en total más de 8 200 millones EUR. El presupuesto anual máximo para la Reserva para Solidaridad y para Ayudas de Emergencia es de 1.200 millones EUR (a precios de 2018).
En febrero de 2024, se revisó el marco financiero plurianual 2021-2027 y se proporcionó financiación adicional para abordar los retos nuevos y emergentes a los que se enfrenta la Unión. Como parte de esta revisión, el presupuesto anual máximo para la Reserva de Solidaridad y para Ayudas de Emergencia se incrementará en 1.500 millones EUR.
Este incremento tiene por objeto mejorar la capacidad de la Unión para hacer frente a crisis y situaciones de emergencia cada vez más recurrentes. La última de estas catástrofes naturales la hemos vivido en España con la Dana que inundó y arrolló zonas de Valencia, Castellón y Murcia. Dejando tras de si muerte, destrozos y desolación.
La intervención del Fondo de Solidaridad adopta la forma de una subvención que complementa el gasto público del Estado beneficiario y se destina a financiar medidas de emergencia y recuperación esenciales que mitiguen los daños que, en principio, no sean asegurables. Las medidas urgentes que pueden optar a financiación son las siguientes:
- Restablecimiento inmediato del funcionamiento de las infraestructuras e instalaciones en los sectores de la energía, el agua potable, la eliminación de las aguas residuales, las telecomunicaciones, los transportes, la sanidad y la enseñanza.
- Puesta a disposición de alojamientos provisionales y financiación de servicios de auxilio destinados a cubrir las necesidades de la población afectada;
- Aseguramiento inmediato de las infraestructuras de prevención y medidas de protección del patrimonio cultural.
- Limpieza de las zonas siniestradas, incluidas las zonas naturales;
- Asistencia rápida, incluida asistencia médica, a la población afectada por una emergencia grave de salud pública y protección de la población frente al riesgo de verse afectada.
La Unión puede conceder ayuda financiera a cualquier Estado miembro o país candidato que lo solicite tras una catástrofe natural grave. El país afectado debe presentar su solicitud en un plazo de doce semanas a partir de la catástrofe. A continuación, la Comisión evalúa la solicitud y propone un importe de ayuda financiera.
El procedimiento de asignación de una subvención, seguido de un procedimiento presupuestario (aprobación por el Parlamento y el Consejo), puede durar varios meses. Una vez que los créditos están disponibles, la Comisión firma un acuerdo con el Estado beneficiario y proporciona la subvención.
La reforma de 2014 introdujo la posibilidad de que los Estados miembros solicitasen el pago de un anticipo, que la Comisión puede decidir concederles siempre y cuando haya suficientes recursos disponibles. El importe máximo del anticipo es el 25 % del importe total previsto de la contribución financiera del Fondo de Solidaridad y está limitado a 100 millones de Euros.

Solidaridad europea
El Estado beneficiario es responsable de la ejecución de la ayuda, así como de auditar la manera en que se gastan los fondos. Las medidas de emergencia pueden financiarse de manera retroactiva para cubrir las operaciones llevadas a cabo desde el primer día de la catástrofe.
No se permite la doble financiación de las medidas, e incumbe al Estado beneficiario la responsabilidad de garantizar que los costes cubiertos por el Fondo de Solidaridad no están ya cubiertos por otros instrumentos de financiación de la Unión (en particular por los instrumentos de las políticas de cohesión, agrícola o pesquera).
La subvención se utilizará en el plazo de dieciocho meses a partir de la fecha en que se haya desembolsado. El Estado beneficiario deberá devolver la parte que finalmente no se haya utilizado. Seis meses después de la expiración del plazo de dieciocho meses, el Estado presentará a la Comisión un informe sobre la ejecución. En este documento se indicarán con detalle los gastos efectuados que podían acogerse al Fondo de Solidaridad, así como cualquier otra fuente de financiación recibida, incluidos los reembolsos de compañías aseguradoras y las indemnizaciones obtenidas de terceros. También debe establecer las medidas preventivas adoptadas o propuestas, incluido el uso de Fondos Estructurales y de Inversión Europeos a tal efecto, la experiencia adquirida con la catástrofe o emergencia, el grado de aplicación de la correspondiente legislación de la Unión en materia de prevención y gestión del riesgo de catástrofes, y cualquier otra información pertinente sobre las medidas de prevención y mitigación adoptadas, lo que denominamos “best practices = mejores prácticas”.
El último ejemplo que nos ha tocado muy cerca en España es el de la catástrofe “climática” de la llamada Dana que ha afectado esencialmente a Valencia. Por razones que escapan a nuestro razonamiento, el Gobierno de España no consideró necesaria la ayuda propuesta por Francia en los momentos iniciales del desastre. Las administraciones implicadas, las regionales y la nacional, no estuvieron a la altura de las circunstancias y los servicios de emergencia y las ayudas desafortunadamente tardaron en llegar. Ante la ausencia del Estado, miles de ciudadanos, la mayoría de ellos muy jóvenes, en una ola impresionante de solidaridad, llegaron a Valencia y otros lugares afectados desde todos los rincones de España. Pala en mano ayudaron a limpiar, desescombrar, buscar víctimas y reconstruir lo que era posible.
Este tema ha llegado a poner en peligro el nombramiento del nuevo Colegio de Comisarios Europeos. Los ciudadanos llegaron donde los políticos fallaron, no una vez, dos e incluso tres. Los inicios de esta tragedia no eran lo más adecuados para echarse recíprocamente culpas, eran los de arrimar el hombro y trabajar codo con codo para salvar lo que fuera posible y ayudar hasta allí donde incluso no se pudiera. La solidaridad de los ciudadanos españoles ha sido y aún es impresionante. La incapacidad manifiesta y el enfrentamiento de los políticos, insultante.
Así las cosas y como decía antes, en su mediocridad, los políticos españoles no han sabido hacer causa común y han llevado su desacuerdo al Parlamento Europeo, en un bochornoso ejercicio de anti solidario oportunismo político. Pocos casos hay en que fuerzas políticas de un mismo país dificulten el nombramiento del Comisario que es presentado por ese mismo país. Mucho tienen que aprender nuestros políticos de la solidaridad ciudadana. Esperemos tomen buena nota y así sea.
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