Las relaciones entre los gobiernos, los ciudadanos y el ámbito empresarial han cambiado. Son más cercanas, contextualizadas y especializadas.

Las empresas, asociaciones e instituciones necesitan mantener una interacción con todos los interlocutores y stakeholders para la defensa de sus intereses ante la Administración.

El contexto sociopolítico exige un minucioso conocimiento de la Administración pública y su ámbito regulatorio hace más eficiente la toma de decisiones.