Por Marta Hasnáa-Menduiña
Analista y asesora política
Los años de Pedro Sánchez como jefe del Ejecutivo han conformado un catálogo de conductas y medidas inéditas en nuestra historia democrática de diferente gradación, pero de idéntico efecto dañino para la solidez de nuestra arquitectura constitucional, de nuestro sistema político y para la óptima calidad de los indicadores más básicos de la ética política y la ejemplaridad.
Los hitos de este catálogo sanchista tienen un nexo común: el anhelo de Pedro Sánchez por un poder sin contrapesos. Fue el objetivo originario de Sánchez que se ha ido fraguando como objetivo último para poder salir indemne del cerco judicial que, como consecuencia de una errónea e interesada concepción de la ley y de sus límites, le rodea a él y a sus allegados. Mantener el poder para el presidente del Gobierno no es una mera cuestión política sino existencial.
Ese deseo de poder casi omnímodo ha llevado al jefe del Poder Ejecutivo a una guerra sin cuartel hacia los otros dos poderes del Estado, el Judicial y el Legislativo. En relación con el primero, asumió las tesis del lawfare atribuyendo uno de los peores delitos que se les puede imputar a miembros del Poder Judicial como es el de prevaricación.
Lo hemos vuelto a ver con las reacciones del Gobierno a la histórica sentencia condenatoria del Tribunal Supremo al ya exfiscal general del Estado, llegando incluso a hacer un llamamiento a la ciudadanía para tomar las calles por una condena injusta a un inocente porque una parte del Poder Judicial quiere derribar al Gobierno. Calificar de política una sentencia, o una instrucción, excede la crítica a procedimientos y resoluciones judiciales y entra en el ámbito de la descalificación, de la falta de respeto institucional y del ataque sin contemplaciones a la independencia judicial.
En cuanto al Poder Legislativo, el presidente del Ejecutivo inició un proceso de desnaturalización por acción y omisión, con premeditación, nocturnidad y alevosía. Con su célebre declaración de intenciones de gobernar “con o sin concurso del Poder Legislativo”, formaliza una actitud de menosprecio hacia las Cortes Generales, de la que ya daba muestras tiempo atrás, que quebranta los principios fundamentales del sistema parlamentario y pone en muy grave riesgo la calidad de nuestra Democracia. Y si esa declaración, convertida ya en uno de los rasgos definitorios de su mandato fue extremadamente grave, no lo es menos la foto de aquellos que aplaudían y arengaban ese despropósito y a su enardecido promotor, dando muestras del liderazgo cesarista instalado en el seno de un partido muy diferente al que tiempo atrás mostraba mayor respeto por las reglas constitucionales y por los consensos básicos.
Hay que insistir más que nunca que en un sistema parlamentario el Parlamento -Poder Legislativo- ocupa el papel central, estando el Gobierno -Poder Ejecutivo- sometido al control de las Cortes Generales. Dicho de otro modo, el Ejecutivo depende institucionalmente del Legislativo. Pretender gobernar obviando esta vinculación es un desafío que da de lleno en la clave de bóveda del régimen parlamentario, y consecuencia en la propia legitimidad del Ejecutivo.
En este sentido, creo relevante traer a colación al Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco, Javier Tajadura (2024): “No se puede decir que el Gobierno de Sánchez no sea legítimo o democrático. Lo es por tener la legitimidad de origen de la investidura. Pero en la medida en que esa mayoría gestada en torno a un proyecto de desmantelamiento de la Constitución –mediante la aprobación de la amnistía y el establecimiento de la plurinacionalidad- se ha resquebrajado y ya no es posible aprobar los Presupuestos ni otras leyes, el Gobierno no podrá gobernar –diga lo que diga el presidente- sin el concurso del Legislativo. Lo único que podrá hacer es mantenerse en el poder, que es realmente el único objetivo al que subordina toda su actuación”.
Gobernar sin el Parlamento es escorar a la institución que representa la soberanía nacional y que define nuestra forma de gobierno –régimen parlamentario- y nuestra forma política –Monarquía parlamentaria-. Gobernar sin el Parlamento- como de facto está ocurriendo supone la voladura del pilar principal de un sistema puramente parlamentario como es el de la Constitución de 1978.
Inquietante es también que el Ejecutivo pretenda normalizar esta anomalía. Trasladar a la ciudadanía que en España disfrutamos de una situación de normalidad y estabilidad política mientras se gobierna de espaldas al Parlamento, de facto ocurre, es hacerse trampas al solitario.
Las Cortes Generales, como señala el artículo 66.2 de la Constitución española, ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos y controlan la acción del Gobierno. ¿Puede alguien pensar que sin el desarrollo y cumplimiento de estas potestades disfrutamos de plena normalidad política, más aún cuando es el propio Ejecutivo el que las coarta? Que estas funciones tan elementales queden en papel mojado conduce a una vulneración y un falseamiento de la democracia constitucional.
Probablemente el ejemplo más gráfico de ese falseamiento sea el incumplimiento de la obligación constitucional del Gobierno de España de presentar los Presupuestos Generales del Estado. Que conste que el Gobierno de Pedro Sánchez ha privado a las Cortes Generales de someter a estudio, votación y aprobación, en su caso, de las cuentas públicas en lo que llevamos de Legislatura, algo profundamente inconstitucional y sin precedentes. Los actuales Presupuestos son los más longevos de la democracia, más de 1.000 días de vigencia. Más prórrogas que Presupuestos en siete años de gobiernos de Pedro Sánchez.
Y que conste que el mayor ataque del jefe del Poder Ejecutivo hacia el Poder Legislativo se dirige al Senado. El Gobierno ha negado hasta en tres ocasiones elementos definitorios de la Cámara Alta como:
Legitimidad democrática. El Senado también forma parte de las Cortes Generales con todas las de la Ley, empezando por la de mayor rango como es la Constitución española que en su artículo 66.1 explicita que “Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado”. Esto que debiera ser de primero de ciudadanía, ha sido negado por el Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes (atentos a las competencias…) cuando afirmó que la soberanía nacional residía en el Congreso y que el Senado era sólo la representación de los territorios. Estas declaraciones devaluando la naturaleza representativa del Senado le costó la reprobación de la Cámara Alta.
Capacidad legislativa. A pesar de estar tasada en el artículo 87 de la CE, “La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, de acuerdo con la Constitución y los Reglamentos de las Cámaras”, el bloqueo sistemático e injustificado de las 40 Proposiciones de Ley aprobadas en el Senado, está llevando a una auténtica perversión del sistema y a un fraude de ley. La potestad legislativa está siendo anulada por una decisión ilegítima de la Mesa del Congreso, por la indicación deliberada del Ejecutivo, que se basa en hacer prórrogas sobre prórrogas en el Congreso de los Diputados. Una paralización que vulnera el principio de legalidad y que pretende silenciar al Senado y hurtar una de sus funciones básicas.
Algunas de estas iniciativas acumulan más de 60 prórrogas, y entre todas más de un millar. Este bloqueo inconstitucional ha llevado a que el Senado plantee un conflicto de atribuciones entre ambas Cámaras ante el Tribunal Constitucional.
Capacidad de veto. A través de otra treta legislativa -introducir una enmienda en el trámite parlamentario en el Congreso de los Diputados del Proyecto de Ley de Igualdad- se anuló la capacidad de veto que tiene el Senado sobre los objetivos de estabilidad, paso previo a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado. Una ingeniería parlamentaria perversa.
No podemos olvidar que, junto a todo ello, se intenta cercenar la función de control al Gobierno que tiene encomendada el Senado. El presidente del Gobierno es quien más ha evitado someterse a dicho control. De hecho, que conste que no acude desde marzo de 2024, con la excepción de su paso por la Comisión de Investigación del Caso Koldo en el Senado, eso sí, por imperativo legal. Estando allí aprovechó para volver a mostrar su “animadversión” a la Cámara Alta calificando de comisión de difamación y circo. Tenga en cuenta el lector que no he entrado en los entresijos de otros frentes abiertos, en canal, que tiene el presidente del Ejecutivo.
Asistimos a una situación de enorme crisis política que ha dado por inaugurada una nueva normalidad que discurre peligrosamente por la dirección totalmente contraria de lo que mandata la letra y el espíritu de la Constitución española y los principios más elementales de una democracia parlamentaria. Son muchos los académicos que llevan tiempo alertando del carácter menguante de nuestra democracia constitucional y considero que el proceso de desnaturalización del Poder Legislativo es lo más grave que ha ocurrido en este proceso. No se pueden usar atajos que perviertan los pilares de la democracia, menos aún por ambiciones personales o intereses de partido.
Que conste, presidente Sánchez, que gobernar al margen del Parlamento no es, ni puede ser una opción para ningún demócrata.
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